Por Maximino Rivera López, Presidente Comité de la Diáspora del PIP

La cobertura mediática en torno al décimo aniversario de la Ley PROMESA ha estado saturada de debates sobre los "legados mixtos", los recortes a la deuda y la persistente tutela de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Sin embargo, la inmensa mayoría de esta cobertura adolece de una omisión monumental: la negativa a reconocer abiertamente que, de acuerdo con los datos disponibles, PROMESA ha fracasado.

Se ha intentado disfrazar la administración de la pobreza como un logro de "estabilidad contable", pero la realidad estructural del país cuenta una historia muy distinta.

La evidencia del fracaso de esta intervención federal es contundente. A una década de su imposición, la JSF no ha logrado sus objetivos fundamentales de devolver a Puerto Rico el acceso a los mercados de capital, ni ha certificado los cuatro presupuestos balanceados requeridos bajo las normas estrictas de contabilidad para su salida. En cambio, PROMESA ha operado como un instrumento para garantizar las ganancias de los bonistas de Wall Street y de una red de consultores y abogados que ya le ha costado al erario cerca de $1,450 millones. El precio para el pueblo ha sido una política de austeridad devastadora: la Universidad de Puerto Rico ha sufrido recortes cercanos al 50%, los municipios han sido asfixiados, la reconstrucción del país está estancada y el sistema eléctrico continúa inmerso en una quiebra no resuelta y un caos operacional. Lejos de reactivar la economía, las políticas impuestas agravaron la crisis, contribuyendo a la pérdida de más del 16.4% de nuestra población debido al éxodo masivo de puertorriqueños que no encuentran oportunidades en su propia tierra.

Lo que está dramáticamente ausente en el análisis público es que la raíz de nuestra quiebra no es meramente administrativa, sino estructural y política. El modelo colonial del Estado Libre Asociado no es económicamente viable. Su diseño mismo fomenta un "enchape de prosperidad artificial" fundamentado en la dependencia extrema de transferencias y fondos federales, los cuales hoy nutren más de un tercio del presupuesto consolidado de la isla. PROMESA y la JSF solo vinieron a administrar los síntomas de este colapso territorial, pero son incapaces de solucionarlo porque el inmovilismo colonial nos niega las herramientas para producir verdadera riqueza, tales como el control de nuestras aduanas, la eliminación de las anacrónicas leyes de cabotaje y la potestad para concertar tratados comerciales internacionales.

A menos que se reconozca que el modelo colonial no es económicamente viable porque no ofrece una ruta para salir de la dependencia, seguiremos administrando la miseria. Esa salida a la dependencia solo se puede lograr mediante la Independencia y la obtención de nuestros poderes soberanos plenos. El malabarismo de tratar de hacer la economía funcionar bajo el modelo colonial está definitivamente abocado al fracaso, y los datos lo prueban.